La agenda de negociación del Gobierno y las FARC permite avizorar el fin de la lucha armada de un grupo que ha creado tanto dolor; el primer paso hacia una sociedad en paz. Pero la inmensa tarea, con una gran corresponsabilidad de las FARC, es que los Acuerdos sean rutas de convivencia, cohesión social y predominio del trabajo honrado. Pero sin gobernanza efectiva de condiciones que definen las sociedades democráticas, esas rutas serán muy azarosas. Una Colombia en paz requiere, en primer lugar, capacidades locales para hacer y para controlar la gestión pública. Según el último índice de desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación, el 29 % de los municipios del país se encuentran en el tercio más bajo de desempeño integral: en temas fiscales, de eficacia, eficiencia y capacidad administrativa. A su vez, en el índice de percepción de corrupción, Colombia se encuentra en el puesto 94 entre 175 países, con una alta percepción de corrupción en lo público. Sin instituciones transparentes, legítimas, cercanas al ciudadano y al interés general, los riesgos de construcción de paz son muy altos. En segundo lugar, requerimos una gobernanza, con metas agresivas en el tiempo, sobre la formalización de la propiedad rural y los alcances de los subsidios en el campo. El 47.7 % del total de propietarios de tierras rurales no cuenta con títulos formales de propiedad. Y la consolidación del empleo formal en el campo encuentra un grave obstáculo en los subsidios permanentes. El desarrollo rural, incluida la economía campesina, necesita arreglos agroindustriales que generen condiciones e incentivos para mayor eficiencia productiva, desarrollo de proveedores, formalidad empresarial y del empleo. Los títulos precarios de propiedad y los subsidios permanentes son condiciones desfavorables para un nuevo campo. Por último, una Colombia en paz necesita mecanismos de justicia efectivos, legítimos y que den seguridad a los ciudadanos. El índice global de impunidad de 2015 señala al país como el tercero con mayor impunidad a nivel global, producto de la baja capacidad del Estado de aplicar justicia y seguridad, de un deficiente sistema penitenciario, de una alta percepción de corrupción y la presencia de grupos armados y narcotráfico que cooptan frecuentemente la justicia. Si la justicia ordinaria enfrenta esta serie de problemas, la paz requiere un proceso cierto de fortalecimiento de la justicia, que genere no solo efectividad, sino castigo efectivo en aquellos que violan la Ley. Estas tareas de buen gobierno no son ajenas a la agenda gubernamental; no desconocemos importantes iniciativas al respecto. Solo que es el momento de poner el acelerador a fondo, desde todos los poderes del Estado y con una convocatoria estructurada a la sociedad civil para que la acompañe, que convierta dichas agendas en pactos sociales y en procesos realmente transformadores. ¿No será que liderar e innovar política y técnicamente en cómo enfrentar estos temas y en la convocatoria social para enfrentarlos, es tarea central del Ministerio del Posconflicto? Rafael Aubad L. Presidente Proantioquia Publicado en El Colombiano